El I CONGRESO NACIONAL DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO: TRAYECTORIAS Y PERSPECTIVAS CRÍTICAS, se origina en la necesidad de realizar un balance crítico de la experiencia de valoración, conservación, intervención y gestión de los bienes patrimoniales de Chile, en especial de sus manifestaciones arquitectónicas y urbanas.
En este contexto, el Congreso pretende actuar como espacio de reflexión que busca no solo debatir respecto de la valoración de nuestro patrimonio arquitectónico y urbano, sino también relevar, analizar y aprender de las prácticas de intervención que en estos inmuebles o espacios se han desarrollado en años recientes.
En los últimas tres décadas, y en sintonía con los cambios mundiales, el país ha experimentado un conjunto notable de procesos que han afectado con distinto grado de éxito la presencia visible del patrimonio en las políticas públicas, en la actividad de los expertos, en la labor de los privados y en las dinámicas aportadas por las comunidades. En este sentido, es momento de analizar los aprendizajes logrados, evaluar los avances y retrocesos evidenciados, en los campos legales, normativos, institucionales, metodológicos y técnicos del problema. Con ello podremos clarificar los nuevos rumbos que adopte una perspectiva de futuro para los bienes patrimoniales.
En el ámbito institucional, el patrimonio se ha posicionado como un recurso que debe ser aprovechado como factor para la mejora de las condiciones de vida, pero también como una inversión en la que el Estado debiera asumir su rol rector. Desde la década de 1990, con la recuperación de la democracia, se ha incrementado la declaratoria de bienes protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales y ha aumentado la presencia de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica en los planes reguladores comunales. En el mismo lapso la presencia de los Sitios del Patrimonio Mundial en el territorio nacional ha exigido un esfuerzo adicional, y a la fecha se cuenta con siete bienes en esta situación.
La inscripción del Área Histórica de la Ciudad-Puerto de Valparaíso en la Lista del Patrimonio Mundial UNESCO (2003), la implementación del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (MOP-BID 2008) y la reconstrucción tras el mega terremoto y tsunami de 2010, han puesto en crisis las capacidades de la institucionalidad pública de Chile, para establecer marcos normativos, financieros y técnicos que factibilicen las intervenciones en el patrimonio.
El Estado de Chile ha destinado un importante financiamiento público para proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico y en menor medida en el patrimonio urbano, cuyo objetivo es proteger y poner en valor los bienes patrimoniales declarados como Monumento Nacional. En este proceso, grupos de profesionales se han especializado en los procesos de valoración, diagnóstico, diseño y ejecución de los proyectos patrimoniales, y se han conformado equipos multidisciplinares para abordar los proyectos en su concepción físico-material y socio-cultural. También se han incorporado nuevas tecnologías y la consideración del proyecto como parte de un planeamiento y modelo de gestión que permita su sustentabilidad a largo plazo.
En este trayecto, han surgido nuevas miradas y cuestionamientos de lo que entendemos como patrimonio arquitectónico o urbano, ampliándose su valoración a nuevos campos disciplinares, tales como el paisaje, el patrimonio industrial, los sitios de memoria, los conjuntos de arquitectura moderna, los barrios residenciales etc. Todos ellos demuestran el desplazamiento de la visión monumentalista y conservacionista que dominó la escena del patrimonio durante el siglo XX, hacia una que incorpora la complejidad del territorio y las manifestaciones socio-culturales.
Otro factor a considerar, ha sido el creciente protagonismo adoptado por las organizaciones sociales y la activa participación de las comunidades en la defensa y resignificación de su patrimonio. Esto ha significado que las intervenciones deban contar con la positiva injerencia de los actores sociales, en quienes se expresa finalmente, el éxito o fracaso de un proceso de conservación y de gestión patrimonial. Así, en la actualidad, vemos que surgen voces cuestionando la institucionalidad que debería promover la conservación de nuestro patrimonio nacional y que, sin embargo, no ha sido capaz de actualizar una Ley de Monumentos que, a sus 55 años, se encuentra obsoleta.
Por otra parte, el incremento de inmuebles y áreas protegidas ha sido tensionado por las comunidades que buscan en el proteccionismo de la Ley de Monumentos Nacionales (17.288) lo que los Planes Reguladores no han sido capaces de abordar, poniendo en crisis no sólo a la institucionalidad y el rol del Estado para abordar la conservación del patrimonio, sino que también a los privados como habitantes, propietarios e inversionistas.